El problema de la vivienda es cada vez más acuciante en Barcelona y en él confluyen muchos factores en un contexto en el que el actual Ayuntamiento ha seguido desacelerando la producción de vivienda social. La situación es compleja. Por una parte, hay miles de pisos vacíos e infrautilizados (unos 80.000 según la estimación de la CUP), de particulares, inmobiliarias y entidades bancarias. Y por otra, crece la presión por el aumento de los pisos turísticos, que expulsan vecindario y desertizan la vida de los barrios. Todo ello en una Barcelona donde se siguen acumulando procesos de desahucio y en la que se incrementan la exclusión y las desigualdades entre clases sociales y entre barrios.
Es cierto que se está haciendo alguna cosa, como el realojo de una pequeña parte de los casos de personas más vulnerables, recurriendo a la bolsa existente de pisos municipales. Y es muy positiva la aportación, aunque sea testimonial, herencia del modelo Barcelona, de la veintena de operaciones de vivienda dotacional para gente mayor y para jóvenes, que hasta hoy se siguen terminando y adjudicando, y que se han convertido en buenos focos de convivencia: desde las viviendas asistidas sobre el Mercat de Santa Caterina (2005) de EMBT (Enric Miralles/Benedetta Tagliabue), hasta la Torre Júlia en Via Favència (2013) de Sergi Pons, Ricard Galiana y Pau Vidal, pasando por el conjunto de viviendas para gente mayor y para jóvenes en el Poblenou (2009) de Sara Bartomeus y Anna Renau, o las tuteladas para la tercera edad en Can Travi (2009) de Sergi Serrat, Ginés Egea y Cristina García. Una auténtica aportación barcelonesa: calidad arquitectónica, vivienda social bien situada en el contexto, con un alto estándar de equipamientos, todo ello gestionado por el PMHB (Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona). En este proceso se ha decidido consolidar las viviendas dotacionales para gente mayor y se ha renunciado a hacer más pisos para jóvenes.
Además, el PMHB ha iniciado nuevos experimentos, en cuanto a la gestión y tenencia, como el "derecho de superficie", viviendas de protección oficial que se venden por 60 o 75 años; o como la "cesión en uso de suelo urbano" para cooperativas gestionadas por Sostre Cívic, la FAVB (Federació d' Associacions de Veïns y Veïnes de Barcelona) o la Cooperativa La Borda en Can Batlló. Pero si estas cesiones de uso en proceso tendrían que ser decenas, se están gestionando demasiado lentamente y no llegan a la media docena.
En pocos años las condiciones han cambiado: la capacidad social para reivindicar y defender los derechos, para autoorganizarse y cooperar, ha aumentando notablemente en todos los campos, especialmente en el de la defensa del incumplido derecho a la vivienda, desde V de vivienda hasta la PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas); todo un renacer de los movimientos sociales urbanos de los años setenta.
Para ello no hay una solución única, sino que se han de sumar voluntades colectivas y afrontar el problema desde múltiples frentes: viviendas para sectores en exclusión, como las que gestionan Cáritas, Arrels o Suara Cooperativa, que, se dice, podrán contar con ayudas procedentes de los beneficios que el Ayuntamiento obtenga por la concesión a la iniciativa privada de los aparcamientos municipales; muchas más vivienda de alquiler social y precio garantizado, en un país que ha sobrepasado en mucho los porcentajes de propiedad del resto de Europa, como resultado de la inseguridad y los abusos de las leyes de alquiler; unos planes de rehabilitación bien dotados económica y técnicamente; la invención y experimentación de diversos tipos de tenencia, ni compra ni alquiler, promocionando el co-housing; los hoteles sociales, como en Turín; o aclimatando modelos cooperativistas, como el Andel de los países escandinavos, o el uruguayo de cooperativas por ayuda mutua.
Aunque dispongamos de una base legal digna —la Ley de la Vivienda en Cataluña— su incumplimiento y mutilación por el actual Gobierno de la Generalitat hacen el problema tan acuciante que el actual Ayuntamiento debería afrontarlo con medidas de urgencia en los meses que le quedan de mandato. Y, sin duda, este debería ser el eje de toda propuesta y candidatura para las próximas elecciones municipales que sitúe las cuestiones sociales y urbanas como prioritarias.
Sobre la experiencia del Patronat Municipal de l'Habitatge, ICV-EUiA puede aportar mucho, pasando por el tamiz de la revisión y autocrítica, que está iniciando, sobre su etapa anterior de complicidad con la decadencia del modelo de ciudad. Y la confluencia que promueve Guanyem Barcelona se sitúa en una posición avanzada, al heredar la experiencia, el conocimiento y las alternativas sobre la situación real de las viviendas y de las personas en los cinco años de lucha de la PAH, que ahora encabeza la propuesta de una ILP catalana contra los desahucios y la pobreza energética.
fuente: elpais.com
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